A nivel mundial, México se caracteriza por ser uno de los doce países con mayor  biodiversidad. Se estima que este selecto grupo de países, conocidos como megadiversos, reúne entre el 60% y el 70% de la diversidad de especies y ecosistemas del planeta. México incluso sobresale dentro de este mismo grupo, al ser el segundo país con mayor diversidad de ecosistemas y  reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en anfibios y plantas vasculares, y el octavo en aves. Entre los principales esfuerzos de conservación de este patrimonio natural se encuentran las áreas naturales protegidas decretadas por el gobierno mexicano. A la fecha, estas áreas protegen alrededor del 13% de la superficie terrestre del territorio nacional.   Sin embargo, la gran diversidad biológica con la que cuentan los mexicanos no se restringe únicamente a las áreas naturales protegidas. De hecho, el 80%  de la biodiversidad del país, dentro y fuera de las áreas naturales protegidas, se encuentra en manos de ejidatarios, comuneros y propietarios privados individuales. Previendo la importancia de trabajar en la protección  y manejo sustentable de tierras biológicamente importantes que sean propiedad de ejidos, comunidades y pequeños propietarios, Pronatura creó en 1998 el Programa Nacional de Conservación de Tierras Privadas y Sociales. Este programa tiene como propósito el trabajar mano con mano con los propietarios de recursos naturales interesados en buscar alternativas para su conservación y uso sustentable a largo plazo.

El pasado miércoles 26 de mayo se reunieron los coordinadores de los  programas regionales de conservación de tierras  privadas y sociales de la Federación Pronatura para intercambiar experiencias sobre los avances que han tenido sus programas y analizar las diversas herramientas, de planeación, legales y financieras, utilizadas para la conservación. Entre los acuerdos principales que vale la pena resaltar está la elaboración de una publicación en los siguientes meses para dar a conocer las experiencias puntuales en el uso de las herramientas legales, su contribución a las metas de conservación nacionales y regionales,  así como recomendaciones específicas para fortalecer y promover el uso de las herramientas legales, privadas y mixtas, para apoyar y dar certeza jurídica a las acciones de conservación en México.